En la reunión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones mexicanas denunciaron que desde el inicio de la contingencia por COVID-19, al menos 10 personas defensoras de los derechos humanos, han sido asesinadas en México.
En el marco del 176º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones mexicanas denunciaron la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en México, las cuales se han agravado por las medidas implementadas por el Gobierno Federal para contrarrestar a la pandemia por COVID-19.
En la reunión bilateral con la Comisionada, Esmeralda Arosemena de Troitiño, las organizaciones destacaron la grave situación que han enfrentado durante la pandemia: las mujeres defensoras de DH; la población LGBTIQ+; las personas defensoras de la tierra y el territorio; los periodistas y comunicadores; así como las decenas de familiares de personas desaparecidas o víctimas de violaciones de derechos humanos.
Según la información documentada por las organizaciones, desde el inicio de la contingencia, al menos 10 personas defensoras han sido asesinadas en México: cuatro de ellas mujeres y dos periodistas; a lo anterior se suma la criminalización de tres defensoras; así como agresiones, estigmatización, represión, amenazas y campañas de hostigamiento tanto físicas como digitales.
Las organizaciones resaltaron a la CIDH el alarmante incremento de la violencia de género en México donde tan sólo en el mes de abril de este año se rompió el récord de más carpetas de investigación abiertas por feminicidios; también destacaron que entre marzo y mayo se alcanzaron cifras récord en llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar y sexual.
En el caso de la violencia contra mujeres periodistas, las organizaciones explicaron que del total de agresiones documentadas contra la prensa relacionadas con coberturas de la pandemia, el 52.17% fueron dirigidas contra ellas.
“Nos preocupa la continuidad de la impunidad y violencia contra las mujeres, y la falta de atención debida, donde el Gobierno Federal disminuye presupuestos a las políticas de prevención y atención de esta violencia. Como mujeres defensoras de derechos humanos y que defendemos los derechos de las mujeres nos atraviesa este contexto de riesgo”, afirmó Cecilia Espinosa de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
Durante la reunión bilateral celebrada este 15 de julio, las organizaciones participantes señalaron que, si bien, existen instancias con responsabilidades claras sobre este problema, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, aún persisten serias limitaciones para disminuir el riesgo en el que se encuentran las personas beneficiarias; y no existe un reconocimiento de las causas diferenciales y las afectaciones sociales, económicas y políticas que conlleva el COVID-19.
A lo anterior, las organizaciones sumaron su preocupación por la profundización de la militarización a partir de la emisión del decreto del 11 de mayo de 2020, que dispone de la Fuerza Armada para labores de seguridad pública; así como el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en medio de las restricciones a la movilidad adoptadas por los gobiernos locales.
En respuesta a las preocupaciones de las organizaciones, la Comisión Interamericana se comprometió a dar seguimiento a través de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y a sostener mecanismos conjuntos vigentes para la protección a personas defensoras de derechos humanos.
En la reunión participaron: la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Front Line Defenders y las diversas organizaciones que componen el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
