Secrecía debe prevalecer en ese y otros procesos a los que se les da seguimiento
El desfalco por siete millones de pesos que encontró esta administración municipal sigue en manos de la Fiscalía General del Estado y por tanto está judicializado, pero de acuerdo a los protocolos propios de ese asunto, como de otros en la Fiscalía, el proceso y las operaciones no son de orden público por la secrecía que debe prevalecer, pero el Ayuntamiento está pendiente y sigue el caso muy de cerca, afirmó el alcalde Alfredo Lujambio Cataño.
Aseguró que como ése se tienen otros procesos a los que también se les da seguimiento, entre los que se encuentran las anomalías financieras detectadas de la administración anterior, por lo que hay interpuestas denuncias en el Estado, pero también ante la Fiscalía General de la República, fueron la falta de pagos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -SHCP-, Infonavit, proveedores, y Vigue.
“Las denuncias están cuantificadas y los montos no se han modificado, permanecen igual que como se dio a conocer desde sus inicios”, afirmó.
A pregunta expresa sobre la inclusión de colaboradores por concepto de honorarios al ayuntamiento, expuso Lujambio Cataño que no grava la nómina. Primero, por ser un grupo relativamente menor porque es de sólo 10 por ciento del total del personal de base.
“Y segundo, porque a esos colaboradores se les llama para que desempeñen trabajos de duración definida, no permanente, o bien porque se les requiere para que coadyuven en situaciones de emergencia como es la pandemia por el Covid”, aclaró Lujambio.
Asimismo, explicó el mandatario municipal que ese personal aleatorio hace trabajos en reemplazo del personal, que por cuestiones de edad y para resguardo de su salud permanece en sus casas. “Así se mantiene sin variaciones la nómina permanente y se garantiza el servicio a la ciudadanía”, concluyó el jefe de la comuna.
